El caso de cohecho que sacude al puerto de Coronel

Ignacio Badal21 ENE 2024 00:17 AMTiempo de lectura: 11 minutosEduardo Hartwig, empresario forestal y expresidente de la portuaria.

La empresa portuaria, cuyos dueños son los grupos Angelini, Von Appen y Belfi, es el centro de una denuncia que tiene como protagonista al conocido empresario forestal Eduardo Hartwig, quien hasta noviembre era el presidente de la compañía y que el mes pasado renunció a la vicepresidencia de Corma y al directorio de Camport. Fue el propio gerente general del terminal marítimo quien lo acusó de sobornar al alcalde y a dirigentes sindicales. Hartwig contrató al abogado Alejandro Espinoza para su defensa penal.

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El pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Regional de Biobío recibió una denuncia por eventuales delitos de cohecho en la empresa Puerto Coronel de manos del gerente general de la compañía, Patricio Román, quien había llegado a ese cargo sólo 20 días antes.

00:00AnteriorReproducirSiguiente00:00 / 01:58SilenciarPantalla completaCopiar la url del videoReproducir / PausarSilenciar / Activar sonidoReportar un problemaIdiomaCompartirVidverto PlayerRomán apuntaba directamente como autor del delito al presidente del directorio y fundador de la empresa, Eduardo Hartwig Iturriaga, quien, según el documento, habría pagado supuestos sobornos al alcalde de Coronel, el socialista Boris Chamorro, a un concejal y a dirigentes sindicales del puerto mediante un complejo esquema que involucraba la emisión de facturas ideológicamente falsas.

El caso estuvo apagado por casi dos meses, pues la fiscal de Alta Complejidad del Biobío, María José Aguayo, declaró reservada la investigación. Hasta que el pasado 10 de enero tomó carácter nacional, cuando funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) allanaron en un mismo día el edificio de la Municipalidad de Coronel, la casa particular de su alcalde y la sede de la empresa de transporte Delsava, de propiedad de Hernán Romero, hermano del diputado Leonidas Romero (independiente, pero de la bancada de Renovación Nacional y exalcalde de la ciudad).

Aunque la onda expansiva de la bomba ha sido lenta, ha dejado en shock a muchos que no entienden ni el origen ni el motivo de estas posibles coimas que involucran directa e indirectamente a instituciones, personas e incluso grupos económicos.

Porque Puerto Coronel es la mayor empresa de la ciudad, el terminal marítimo más grande de la región y, junto a las pesqueras, el eje de su actividad económica. Y detrás de él, su propiedad se la comparten Arauco, controlada por el grupo Angelini a través de Empresas Copec, que tiene el 50%; Neltume Ports, del grupo Von Appen, a través de Ultramar, con un 25%; y la empresa constructora Belfi, con el restante 25%, de la familia Elgueta.

"Para el directorio fue un baldazo de agua fría", comenta un ejecutivo de una de las empresas socias.

Es que Hartwig no era un desconocido en el empresariado. Sus vínculos iban más allá de sus relaciones societarias en las empresas donde había participado. De hecho, tenía una extensa vida gremial.

Es más, a fines de noviembre y tras la denuncia ante la fiscalía, Hartwig llegó a la

Es más, a fines de noviembre y tras la denuncia ante la fiscalía, Hartwig llegó a la sesión de la mesa directiva de Puerto Coronel a renunciar a su cargo de director y presidente, donde fue elegido con los votos de Arauco.

Pero luego fue dejando sus cargos de director de la Cámara Marítima Portuaria (Camport), a mediados de diciembre, a través de un correo electrónico "aduciendo razones personales", dijo la entidad gremial, y por la misma vía, el 21 de diciembre, el de vicepresidente de la Corporación de la Madera (Corma), un cargo que ostentaba hace más de una década y por el cual muchas veces le tocó subrogar la presidencia.

Recién el 10 de enero, cuando ocurrían los allanamientos, Puerto Coronel sacó una declaración en la que informaba que su "recientemente nombrado gerente general, Patricio Román, y su actual directorio" habían presentado una denuncia a la fiscalía "por distintas irregularidades ocurridas

 anterioridad al inicio de su gestión". "El gerente general, en cuanto tomó conocimiento de estos hechos, los informó inmediatamente al directorio, instancia que dispuso el inicio de una investigación interna para determinar irregularidades y eventuales perjuicios a la compañía, como también la inmediata interposición de una denuncia ante el Ministerio Público", agregó.

El directorio firmante lo integraban Felipe Vial, quien reemplazó a Hartwig como presidente y que representa a Neltume Ports junto a Fernando Reveco, Fernando Elgueta, de Belfi, y Álvaro Saavedra y Franco Bozalla de Arauco.

El inicio

Patricio Román llegó a la gerencia general de Puerto Coronel el 2 de noviembre de 2023. El ingeniero civil industrial de la UDP venía de ser director gerente en Medlog, la unidad de logística de la naviera europea MSC, donde había trabajado casi 20 años. Román por fin venía a llenar un cargo que estaba vacante desd

ace casi dos años, pues la gerenta de Finanzas, la estadounidense Michele Prater, había liderado la administración de manera interina desde el 2 de enero del 2022. Esto, tras la salida, que algunos tildan de intempestiva, del exgerente general Javier Anwandter luego de comandar la empresa por 11 años y que antes había trabajado para el grupo Ultramar, de la familia Von Appen.

Hay dos versiones, dependiendo del lado que vengan, para explicar cómo Román se enteró de las irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la empresa: la primera, que fue su antecesora, la interina Prater, quien al presentar las vicisitudes de la compañía le contó de esta estructura de pagos ilegales; la segunda es que fue el propio Hartwig quien le comentó que debía abocarse a estos problemas para cerrarlos.

Cuatro personas que conocen la empresa y a su presidente coinciden en que en el periodo en que la empresa no tuvo un gerente general oficial, Hartwig había tomado el doble rol, de presidente y gerente, por lo que se involucró más de 

Román, con la información recibida a su llegada, inició una investigación interna que ratificó lo que ya sabía: una trama de pagos ilegales a políticos y dirigentes sindicales que venían de la propia empresa, y que se realizaban a través de facturas falsas con cargo a cuentas del puerto de supuestos proveedores como la empresa Delsava, de Hernán Romero, y de otra firma de propiedad de un tal Víctor Olivares, coincidentemente el mismo nombre del gerente de Servicios del puerto.

En la denuncia ante la fiscalía, Román sostiene que estos hechos se realizaron con el conocimiento e incluso la participación de los exgerentes Andwandter y Prater, además del gerente de Administración y Finanzas del puerto, Daniel Chamorro. E incluso se detectaron pagos ilegales mediante estas facturas a la jefa de prevención de riesgos de Puerto Coronel, Elena Villalobos.